DESTACADOSVISIÓN CONTINENTALArgentina: Asesinato neonatal como Política de Estado vs. la Resistencia provida

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En un artículo anterior, ARGENTINA: Progresismo abortista y ASESINO, pusimos en evidencia que el progresismo argentino abortista es, en última instancia, asesino, ya que con la excusa de la legalización de la “interrupción voluntaria del embarazo” (eufemismo para no mencionar la palabra “aborto”) aprovecha para matar a todo recién nacido que no pueden abortar. Con la complicidad. del poder político, de las instituciones judiciales y el silencio cómplice de las jerarquías religiosas -católica, protestante y evangélica. 

En el mencionado artículo describimos cómo en el hospital “Juan Domingo Perón” de la ciudad de Tartagal (provincia de Salta), una médica pro-aborto, llamada Miranda Ruiz, se aprovechó de una joven de 21 años, con un embarazo de 6 meses de desarrollo, para practicarle un parto prematuro y posteriormente asesinar a la bebé recién nacida. Todo ello con el aval del médico gerente del hospital, un doctor llamado Santiago Payo.

Si bien la joven había concurrido al hospital para abortar, a las pocas horas desistió de su intención y dijo explícitamente que quería tener a su hija, a la que iba a ponerle el nombre de Milagro. Pero las autoridades del hospital y la única médica abortista del hospital hicieron oídos sordos al pedido de la joven madre y aprovechando su soledad (la familia vive a 55 km. del hospital) le hicieron abortar.

Según denunció la madre-víctima, la bebé nació viva, pero fue asesinada por acción directa de la médica Ruiz, quien la arrojó con vida a una bolsa roja de residuos patológicos, tras lo cual la criatura murió asfixiada. UN ASESINATO en toda la línea.

Lo que agrava la situación de la médica y del director del hospital es que Claudia Elizabeth Subelza, concejal de la ciudad de la ciudad de Salvador Mazza (de donde es oriunda la joven madre), y que al mismo tiempo se desempeña como directora de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, apenas se enteró de la situación se puso en contacto con el “doctor” Payo, para pedirle que respetaran la voluntad de la madre de continuar con su embarazo. Pedido que el funcionario desoyó totalmente, amparándose en que la ley abortista aprobada a fines del año pasado por el Congreso Nacional le permitía efectuar el aborto, argumento absolutamente falso y mentiroso, ya que no se cumplían ninguna de las excepciones de la bochornosa norma que permiten abortar en cualquier momento de un embarazo.

En declaraciones periodísticas, la concejal y funcionaria Claudia Subelza afirmó que la bebita asesinada “nació con vida” fuera del vientre de su madre tras el parto inducido y se le “tomaron las huellas del pie”. Dijo además que la madre de 21 años pidió “tenerla en brazos” y se la negaron, luego de lo cual la habrían “metido en una bolsa de plástico junto con la placenta” por lo cual murió de asfixia. Calificó lo ocurrido de homicidio que podría encuadrarse perfectamente en el infanticidio y en el femicidio, porque era una niña y por su condición de mujer.

Además, ratificó que una ministra nacional, Elizabeth Gomez Alcorta, llamó a la presidenta del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, María Ester Valdiviezo, para pedirle que tomara medidas contra Subelza, tras lo cual llegó un requerimiento del gobierno salteño. La señora Valdiviezo le dijo que eso era competencia del Concejo Deliberante, que es autónomo.

La concejal Subelza ratificó el 7 de setiembre ante el juzgado que interviene en la causa que la beba nació con vida porque lloró, la mamá la escuchó y le pidió a la doctora que se la pasara y ésta no quiso; que le tomaron las huellas del pie; que por dichos de testigos (que también han declarado ante la justicia) la doctora Miranda Ruiz la habría metido (aún con vida) a una bolsa junto a la placenta; que hay enfermeras que fueron testigos de ese accionar criminal; que posteriormente la encontraron en un cesto de basura con residuos patológicos.

A causa de la presión estéril e infructuosa de la ministra nacional, un organismo de la provincia, el Observatorio de la Violencia contra la Mujer, hizo llegar una nota al Concejo de la ciudad, firmada por la directora del organismo, reclamando sanciones disciplinarias contra la concejal Subelza por haber ejercido “violencia institucional contra personas gestantes” (¿??), lo cual raya con la esquizofrenia, ya que lo que está en juicio es el asesinato de una bebé recién nacida. Es que a las mujeres progresistas proaborto les pasa algo muy curioso, rayano en el desequilibrio patológico, ya que practican la desaparición forzada de personas propia de los grupos de tarea de una dictadura: para ellas, una persona abortada o asesinada apenas nace, no existe, se la ignora. En realidad, más violencia institucional sufrieron la joven de 21 años obligada a abortar contra su voluntad y su hija asesinada.

Infame y repudiable ha sido la actitud del gobierno provincial, que ante un asesinato cometido desde el Estado -delito de lesa humanidad, por tanto, imprescriptible- no sólo se ha llamado a silencio, sino que en la persona del ministro de Salud Pública, el doctor Juan José Esteban, ha salido a “poner las manos en el fuego” por la médica criminal, aduciendo falaz y mendazmente que la médica abortista “ha trabajado en base al protocolo que sugiere la práctica ginecológica, así que estamos apoyándola en todo aspecto” (cf. https:// www.telam.com.ar/notas/202109/568085-ministro-salud-salta-medica-denunciada-aborto-ile-ive.html). Como es evidente, el ministro de salud miente alevosamente, ya que convierte un asesinato en un procedimiento protocolar que no existe.

Y más infame y repudiable es el atronador silencio de las autoridades eclesiásticas argentinas, en especial de monseñor fray Luis Antonio Scozzina OFM, que frente a tan vil asesinato sólo ha sabido lavarse las manos -al mejor estilo de Poncio Pilato- y no pronunciarse al respecto ni brindar asistencia espiritual a la víctima y sus familiares. Como si hubiera mutado su voto de castidad por el de castración espiritual. Sólo un obispo en actividad, monseñor Damián Bitar, de la diócesis de Oberá (Misiones), se pronunció públicamente, condenando el abominable infanticidio. Del resto, ni una palabra.

Por el contrario, digna de elogio ha sido la actitud de fray Rubén Sica OFM, guardián del Santuario de la Virgen de la Pena, situado en la ciudad de Tartagal, quien en una homilía dominical condenó el repudiable suceso, definiendo a la médica como un monstruo, imbuida de una ideología enferma que pretende justificar este tipo de accionar criminal que termina deshumanizando a sus ejecutores.

También ha sido encomiable la respuesta de legisladores provinciales salteños, como María Cristina Fiore Viñuales y Andrés Suriani, que se acercaron a la ciudad de Tartagal, para acompañar a la joven víctima y su pedido de justicia por el asesinato de su hija. Sobre todo, cuando existen fuertes indicios que los funcionarios judiciales intervinientes estarían intentando transformar el asesinato como un procedimiento médico en el que la bebé ajusticiada en realidad habría nacido muerta. Pero lamentablemente para los criminales y sus cómplices gubernamentales, los testimonios aportados a la causa y unas filmaciones que muestran a la criatura viva y llorando al nacer serían demoledores.

Actualmente, en Argentina impera el genocidio prenatal, al compás de la ideología imperialista abortista del Imperialismo Internacional del Dinero, que ha sabido someter a sus inconfesables designios y dictados al gobierno nacional y a gobiernos provinciales como el de Salta. Lamentablemente, hay profesionales médicos y funcionarios judiciales que han decidido ser cómplices de ese genocidio abominable, muchas veces por cobardía.

Pero la Providencia sabe suscitar también funcionarios y legisladores como los que hemos mencionado que han decidido ser fieles a la tradición humanista y cristiana del pueblo del cual forman parte y al que sirven, honrando y ennobleciendo sus cargos. Como muchos cientos de miles que los acompañan a lo largo del país, saben que el Bien siempre triunfa sobre el mal y que Dios ha derrotado para siempre al enemigo suyo y de la raza humana.

En la noble tierra de Salta, el inmortal espíritu de Martín Miguel de Güemes sigue prevaleciendo sobre los espíritus inmundos que sólo saben sembrar odio y muerte, porque son materialmente más fuertes y siervos del capital extranjero que subsidia el genocidio prenatal, en Argentina y en el mundo. Pero por encima de la traición, Dios triunfa siempre a través de la debilidad de sus hijos fieles (1Cor 1, 27).

José Arturo Quarracino

Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires y ha sido catedrático de Teología, Seminario de Antropología Cristiana, Ética Profesional, Filosofía y Lógica, y Filosofía de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador. También catedrático en Maestría de Ciencias de la Legislación, en la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos; y en el Instituto Superior de Comunicación Social Don Bosco, entre otros. Ha destacado como traductor de obras en alemán, español, inglés, italiano, francés y portugués y es conferencista en temas de Vida, sexualidad, nuevo orden mundial y geopolítica. Es autor de la obra Geopolítica y Aborto. Y en coautoría con Juan Carlos Vacarezza ha publicado “Argentina: La visión de Juan Domingo Perón”, “La Comunidad Organizada”, y otras. Es también corresponsal en Argentina de “Imperium News”.

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