VOLVIENDO A GALILEALa mentira mata

Pablo Garrido Sánchezmarzo 16, 202112 min
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Al defender los valores nos encontramos con la vulnerabilidad de la vida. En España la ley sobre la regulación de la eutanasia ha pasado por el Senado de la nación y vuelve al Congreso para ser ratificada, sin haber tenido un debate parlamentario asistido por  expertos. Tampoco esta ley recoge urgencia social alguna, y tan sólo aparece como  una normativa de carácter ideológico. El gobierno social comunista que padecemos viene gobernando con decretos leyes, sólo reservados en casos excepcionales, desde hace un año coincidiendo con esto que llamamos pandemia por el COVID-19.

Portugal, nuestro país hermano dentro de la Península Ibérica, rechazó por dos veces por medio del Partido Comunista, los intentos de sacar adelante una ley reguladora de la eutanasia. Entendieron, hasta ahora los portugueses, que la eutanasia venía a eliminar las vidas de los ancianos sin recursos, o de los incapacitados de bajo nivel económico, porque las personas de rentas altas pueden costearse una clínica, en un país extranjero, que ponga fin a su vida si esa es su determinación. Pero la sanidad portuguesa no podía tomar una iniciativa que fuese en contra de las personas de clases económicamente humilde.

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Al ritmo que vamos, España será dentro de veinte años, la nación más envejecida del mundo, porque la tasa de nacimientos es muy baja y no se produce el relevo generacional. ¿Habrán pensado nuestros políticos que la eutanasia va a solucionar el elevado coste a la Seguridad Social que origina el notorio aumento de pensionistas? Cuando la vida de las personas queda en entredicho desde la concepción, lo anterior es posible. Desde que Jérome Lejeune, genetista francés, descubrió que el Síndrome de Down provenía de un gen añadido al par veintitrés los nacimientos por este motivo se han reducido drásticamente, al incorporar a ese dato la práctica del aborto que elimina la vida detectada por la amniocentesis con el síndrome mencionado. En España, prácticamente, ya no nacen niños con Sídrome de Down, lo mismo que en otros países.

No es verdad, que los legisladores promotores de las leyes a favor de la eutanasia sean personas que legislen por compasión con el ser humano que sufre, o con la intención de velar por la dignidad de las personas. La decisión de acabar con la propia vida mediante la eutanasia o el homicidio asistido, proviene en la práctica totalidad de los casos de la voluntad de evitar el dolor físico o psíquico. Paliado el dolor y las causas que lo producen, la persona lucha por la vida y quiere seguir en la existencia. Por tanto, no es verdad que el legislador proponga una ley conmiserativa con los que más están sufriendo sin remedio alguno en un estado terminal.

La formulación de la ley sobre la regulación de la eutanasia en España, esta lo suficientemente tergiversada como para ofrecer recursos a la eutanasia decidida por  cualquier médico, que en determinadas circunstancias se encuentre atendiendo al enfermo. Todos los filtros que prevé la ley se suspenden en el momento que se considera al enfermo como persona incapaz para tomar decisiones por sí mismo. Queda, así mismo, en un limbo legal la presencia y decisiones que puedan tomar los familiares próximos. ¿Cuál va a ser el destino de un paciente que por circunstancias sus familiares no puedan estar en contacto con el médico que lo está atendiendo, y pase por un estado de gravedad?

Hasta ahora, los médicos en general gozaron de una confianza y prestigio, que dejaba fuera de toda duda la preocupación a ultranza por la vida del enfermo; pero en el momento en el que esta ley entre en vigor en los distintos hospitales las cosas van a cambiar sustancialmente y no sólo con respecto a los médicos. Pronto veremos a  muchos mayores desconfiar de la solicitud con que un familiar, incluso un hijo, pretenda llevar al mayor a un hospital encontrándose con cierta gravedad. La desconfianza cundirá entre los familiares más próximos, pues se habrá perdido la seguridad por parte del enfermo de que va a ser tratado para prolongar su vida; y, por el contrario, puede pensar que es hospitalizado para poner término a su vida. Esta falta de confianza es letal por sí misma.

Los ancianos actuales, que añadidas a la edad arrastran distintas dolencias, son los que lucharon por sacar a sus hijos adelante y crearon las condiciones sociales, que hoy permiten a las generaciones presentes gozar de un bienestar y de posibilidades para afrontar el porvenir. Pero estos ancianos son considerados por los ideólogos que formulan estas leyes de muerte, como “los comensales inútiles”, que hoy no son productivos y originan un gasto muy alto de carácter sanitario. Estos “comensales inútiles ya no son rentables económicamente hablando y deberían por sí mismos proceder a su desaparición. Es así como piensan los legisladores que promueven las leyes de eutanasia y homicidio asistido. En este segundo caso, el médico con toda condescendencia puede recetar al solicitante el veneno letal para que él mismo se lo administre. Previamente, los medios de comunicación de masas tendrán que impregnar con intensidad una mentalidad de inutilidad  y gravosidad a las personas  mayores. Este objetivo cumplido será uno de los éxitos más grandes de esta incalificable ley, que desprecia la vida de las personas sin resquicio auténtico de compasión alguna. El ideal para el eutanasista es que el propio individuo solo, aislado, y en la oscuridad más honda de su infravaloración se quite la vida con la ayuda del que un día juró defenderla con todos los medios a su alcance. El legislador con esta ley de eutanasia quiere prostituir hasta la raíz una de las profesiones más nobles presentes hasta ahora en la sociedad. Bien es verdad, que algunos médicos y sanitarios se han envilecido al máximo practicando abortos de hijos en el seno de sus madres. Su envilecimiento aguanta los gritos de estos niños en su sus conciencias; lo mismo, tristemente, que aguantaran los lamentos de los ancianos, a los que cínicamente han proveído del veneno para su propio suicidio. En Holanda llevan algún intento para legalizar la venta en farmacia del kit letal a los mayores de setenta años, simplemente presentando el carné de identidad. ¿Llegaremos a ver en España una situación de esas características?

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