COVID-19La sorprendente renuncia romana a la objeción de conciencia.

ACNfebrero 19, 2021

Como en la batalla provida, durante décadas la Iglesia Católica y sus pastores han estado en la vanguardia de la defensa de la objeción de conciencia. Los católicos han figurado con honores en el combate para que los poderes públicos reconozcan el derecho de todo individuo a abstenerse de hacer lo que su conciencia le impele a evitar, con independencia de que el poder político considere su postura irracional o perniciosa.

Por eso llama poderosamente la atención que sea el propio vértice de la jerarquía eclesial, la propia Curia romana, la que prohíba la objeción de conciencia ante la obligación de vacunarse contra el covid, a pesar no solo de las dudas razonables sobre su seguridad y su naturaleza hasta cierto punto experimental -comparado con el proceso habitual de aprobación de vacunas-, sino de la documentada sospecha de que se han utilizado para su elaboración células de fetos abortados deliberadamente.

Por eso recibimos con alivio la noticia recién aparecida según la cual la oficina del cardenal Bertello ha emitido una declaración en la que rectifica, asegurando que se encontrarán “soluciones alternativas” para aquellos empleados vaticanos que no quieran recibir la vacuna por cualquier razón, y que no perderán su empleo como se amenazaba en el decreto original.

La sorprendente decisión inicial de las autoridades vaticanas, que obviamente pone en peligro todo el edificio jurídico y doctrinal de defensa de la objeción de conciencia en otros campos, contrasta, además, con la decisión de una institución tan poco sospechosa de estrechas miras y tan amada por la línea oficial vaticana de los últimos años como es el Consejo de Europa, cuya Asamblea Parlamentaria acaba de aprobar (27 de enero) una importante resolución en torno a la aplicación de las vacunas contra el Covid19 que dice expresamente que los gobiernos deben asegurarse de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es obligatoria y de que nadie es presionado política, social o de otro modo para que se vacune, si no lo desea; deben además velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado.

Incluso en el seno de la jerarquía episcopal, especialmente la de Estados Unidos, han surgido voces defendiendo, no ya la libertad que deben tener los ciudadanos para aceptar o rechazar la vacunación, sino directamente la ilicitud de esas mismas vacunas.

Entre estas figuras destaca el obispo de la diócesis texana de Tyler, Joseph Strickland, que no es la primera vez que se pronuncia a la contra del consenso de sus hermanos en el episcopado. En esta ocasión, Strickland ha hecho propaganda activa contra el uso de las vacunas contra el covid, argumentando que aceptar una vacuna desarrollada o probada con células de niños abortados podría constituir una complicidad moral con el crimen del aborto. Ya el pasado mes de junio, Strickland anunció que rechazaría toda vacuna producida usando tejidos de niños abortados.

Por su parte, el Santo Padre señaló hace un mes que no conseguía explicarse el “negacionismo suicida” de quienes se negaban a la vacunación, añadiendo que “desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros”.

Pero si el principio moral que plantea el Papa es difícilmente discutible en abstracto, la resistencia al uso de una vacuna concreta en una situación específica escapa a las competencias del Santo Padre. Incluso dejando de lado -y es mucho dejar- la ilicitud grave de su forma de producción o testeo, es perfectamente lícito cuestionar la idoneidad, eficacia y efectos secundarios de una vacuna desarrollada y probada en un tiempo absolutamente récord -el tiempo normal suele ser de entre 8 y 10 años- y para la que los laboratorios -empresas comerciales con ánimo de lucro y un comprobable historial de prácticas cuestionables- ensayan una tecnología nunca antes empleada, más aún cuando dichas firmas han obligado a los gobiernos a firmar un acuerdo que las hace inimputables en caso de que algo salga mal. Se trata, en fin, de discusiones científicas sobre las que el Vaticano no tiene competencias, y ante las que cualquiera esperaría que guardase un prudente respeto a la libertad individual.

Llama, en cualquier caso, la atención este desvío de la línea invariablemente seguida por la cúpula eclesiástica en defensa de un principio tan esencial como la objeción de conciencia.
Carlos Esteban.
Infovaticana.

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