EN MÉXICOVIDA Y FAMILIACon recursos públicos, Gobierno de Cuitláhuac García presenta licitación para publicitar “Acceso al Aborto Seguro”

Sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine legalizar el aborto en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se adelantó desde hace un mes y a través de la Secretaría de Salud de la entidad, lanzó una licitación en la que no solicita al proveedor que, en la impresión y elaboración de publicaciones oficiales, se aclare que la mujer sólo podrá abortar si es víctima de una violación sexual y producto de ello se encuentra embarazada.

La convocatoria es pública en la página de la Secretaría de Salud, bajo la siguiente liga:

https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/files/2020/06/Fichas-tecnicas-LA-930010996-E2-2020.pdf

la cual en su página 16, refiere como área solicitante la Dirección de Salud Pública, bajo la supervisión de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, en la cual solicita presupuesto de un paquete de 5,238 piezas de postales de “Acceso al Aborto Seguro”, que contemple su impresión y elaboración.

Licitaciones de la Secretaria de Salud Ver. (ver pag 16)

Dicho oficio lo firman las doctoras Jessica Kristal Ríos Mercadante y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, y es autorizado por el Dr. Salvador Beristaín Hernández.

Tipifican como delito grave desviación de recursos públicos por impulsar aborto y dejar fuera programas operativos de Secretaría de Salud

Laura Hernández, abogada y directora de asuntos Públicos de Red Familia, dijo a la Agencia Católica de Noticias (ACN) que “los recursos públicos deben usarse de acuerdo a lo que está escrito en el Presupuesto de Egresos del estado y en los programas de operación de la Secretaria de Salud; en este caso, “estarían incurriendo en un grave delito de desvío de recursos e inclusive en un delito penal en el sentido a la población de violar el Código Penal, al consumar el delito de cometer aborto”.

“Si es publicitar el aborto seguro como si fuera pachanga, entonces sí es bastante grave, porque es incitar a la población a cometer un crimen (…). La Secretaría de Salud debería de empoderar a la mujer verdaderamente dándoles opciones, hablando con libertad de ellas, no nadamás orillándolas a una sola decisión (que es asesinar a su bebé). Dedicarle millones de pesos a publicitar el aborto no es empoderarlas, al contrario, es infantilizarlas, al tomar una decisión por ellas”, detalló.

Respecto al delito en el que incurrió el Gobierno del Estado, con su abortista Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la abogada de Red Familia, enfatizó que el Código Penal Federal, lo tipifica como Apología y Provocación de un delito o de algún vicio y de la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental.

Y, citó el Artículo 208:

Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Artículo 209:

El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de uno de los delitos contemplados en el Título VIII, Libro Segundo, de este Código o en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se le impondrá la pena de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Las mismas penas se impondrán a quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los contemplados en el párrafo anterior y de cuya próxima comisión tenga noticia.

Dichas penas se impondrán a las personas relacionadas o adscritas a cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole y tengan conocimiento de la comisión de los delitos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, cuando no informen a la autoridad competente o protejan a la persona que lo cometa, ya sea escondiéndola, cambiándola de sede o de cualquier otra forma le brinde protección.

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